El Congreso aprueba la creación de un registro de pederastas.
El padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, la pequeña de cinco años asesinada en Huelva por el pederasta Santiago del Valle, pudo ver ayer con satisfacción como una iniciativa popular llega al Congreso de los Diputados y sale adelante con el apoyo de la totalidad de las fuerzas políticas. El coraje demostrado por el padre de la niña asesinada, que le llevó a recorrer más de cuatro mil kilómetros por toda España para recoger firmas (cuenta ya con más de un millón) de apoyo a la creación de un registro de pederastas, ha llegado a buen fin.
Evitar descoordinación
Desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, asistió al debate íntegro de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se pedía, a través de una enmienda al texto principal, la creación de un registro de pederastas. La creación de este registro fue una de las peticiones que el padre de Mari Luz le hizo al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvieron el 27 de abril. Un registro que deberá respetar «las debidas garantías constitucionales del derecho al honor, intimidad personal y a la propia imagen, y a la que sólo podrán acceder en el ejercicio de sus funciones las autoridades públicas que procedan». El hecho de que a este registro sólo puedan acceder las autoridades judiciales y las Fuerzas de Seguridad, trata de evitar la descoordinación que se detectó en el caso de Mari Luz.
Aunque este fue el punto principal de esta proposición popular, enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista y por CiU, el texto final contempla otros interesantes aspectos para la lucha contra este delito. Con carácter definitivo, la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el más breve plazo, un proyecto de ley de reforma del Código Penal que contemple varios aspectos. El primero sería elevar las penas que deben sufrir los infractores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, contenidos en el Título VIII del Código Penal, cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación. Dicho agravamiento debe incluir tanto la pena principal como las accesorias.
Cumplimiento de penas
El segundo punto pide «el cumplimiento efectivo de las penas en la forma que determinen las leyes, atendiendo a que la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves». El tercer aspecto del texto se refiera a «introducir medidas más eficaces de seguridad, que permitan el control y la prevención del riesgo que entraña la puesta en libertad de delincuentes patológicos con pronóstico elevado de reincidencia, una vez cumplida la condena». Finalmente, el cuarto punto pide «realizar las modificaciones normativas oportunas para contemplar de manera específica en el Registro Central de Penados y Rebeldes, la información relativa a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias, firmes y no firmes, medidas cautelares y requisitorias, acordadas en procedimientos penales por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales».
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que la aprobación de la iniciativa propuesta por su formación política supone devolver la confianza a los padres de la niña, así como convertir «ese fallo de la Justicia que acabó en tragedia en un acierto de todo el Congreso para que no se vuelvan a ver dramas como el de Huelva y se tengan que discutir en esta Cámara», informa Efe. Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, aseguró ayer al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que su formación hará «todo lo posible» para que los pederastas cumplan sus condenas.
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