El agente encubierto, nueva arma contra la pornografía infantil en Internet.
Los durísimos golpes sufridos por las redes de pornografía infantil en los últimos años ha hecho que los pederastas sean cada vez más cautos a la hora de intercambiar material en la red, lo que ha obligado a la policía a empezar a utilizar agentes encubiertos en sus investigaciones en Internet.
Esta es una de las conclusiones del II Congreso Nacional de Policías Tecnológicas que se ha celebrado esta semana en Madrid y ha congregado a agentes dedicados a la lucha contra el cibercrimen de la Policía, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.
Los consumidores de pornografía infantil están emigrando desde las redes P2P, como e-Mule o Kazaa, hacia foros restringidos en los que ganarse su confianza es, en la mayoría de las ocasiones, el único camino para localizar y detener a quienes producen y distribuyen el material pornográfico.
Pese a esta nueva estrategia, la ley impide que los agentes encubiertos puedan distribuir ellos mismos vídeos o fotos de contenido pedófilo para intentar congraciarse con sus interlocutores, aunque sí les permite intercambiar material simulado que en realidad está protagonizado por actores porno mayores de edad.
Una labor de investigación que puede llevar meses ya que, en algunas de las operaciones, se ha llegado a intervenir 2.000 discos duros con millones de vídeos e imágenes que es necesario revisar una a una.
Para ayudar en esta tarea, Interpol cuenta con una potente base de datos con la que se puede poner nombre a los rostros de casi la mitad de los niños que aparecen en los vídeos más difundidos en Internet.
De forma paralela, las Fuerzas de Seguridad del Estado están poniendo a punto una nueva aplicación informática conjunta para evitar duplicidades e intercambiar información sobre pederastas, investigaciones en marcha o menores víctimas de abusos.
En este foro de policías tecnológicas, los expertos han apostado también por modificaciones legislativas que hagan posible escanear el ordenador de un sospechoso antes de adoptar medidas más "duras" y costosas como el registro domiciliario.
A día de hoy, la Justicia nunca ha absuelto a un encausado por posesión de pornografía infantil que hubiera alegado en su defensa una descarga accidental o involuntaria.
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