Una vez más tenemos muestra de la falta de objetividad y posicionamiento partidista de AMNISTÍA INTERNACIONAL.
Creo que esta respetable organización en sus inicios se está desvirtuando con el paso del tiempo (al menos en España), por su falta de objetividad y falta de aportación de datos, en las graves acusaciones sobre torturas (como medida consentida y sistemática, de la labor de investigación antiterrorista) de las que son objeto los diferentes cuerpos policiales de España.
Podríamos entrar en el mismo juego de desacreditar e imputar hechos no probados... pero ese juego se lo dejamos a ellos.
Desde Livecop, mostramos nuestro apoyo y agradecimiento a los compañeros del CNP y GUARDIA CIVIL, por la gran labor que realizan, en beneficio de toda la sociedad.
Muy buena respuesta por parte de CEP - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA.
Saludos...
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICIA
Secretario General
www.cepolicia.com
D. Esteban Beltrán Verdes
Director de la Sección Española
Amnistía Internacional
Calle Fernando VI nº8
28004 – Madrid
Estimado Sr. Beltrán:
Me dirijo a usted como Secretario General de la Confederación Española de Policía (CEP), organización que representa los intereses profesionales de más de 22.000 funcionarios de todas las escalas del Cuerpo Nacional de Policía, para trasladarle mi preocupación y rechazo hacia una campaña apoyada por su asociación que, por las circunstancias, promotores y dinámica de la misma, merece una seria reflexión sobre el concepto que la entidad que usted dirige tiene sobre quién defiende y quién socava los derechos humanos en España.
Durante el segundo semestre de 2008, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollamos varias operaciones antiterroristas en la Comunidad Foral de Navarra, todas ellas tuteladas por jueces de la Audiencia Nacional y por los fiscales adscritos a este mismo órgano, en las que resultaron detenidas varias personas a las que se imputan hechos incardinables en la sección del Código Penal que recoge los delitos de terrorismo.
Las familias, allegados y organizaciones sociales que funcionan bajo el paragüas de lo que comúnmente denominados izquierda abertzale iniciaron, desde que se materializaran aquellas detenciones, una intensa campaña que, con el nombre de “No a la tortura, no a las ilegalizaciones, sí al posible desarrollo de todos los proyectos”, cuenta con un manifiesto en el que se afirma, entre otras graves acusaciones carentes de respaldo probatorio alguno, que “la realidad de la eficacia policial es otra”, ya que nuestro Cuerpo, según el citado documento, “construye imputaciones a golpe de tortura, obligando a los y las detenidos a autoinculparse”.
Este documento, que termina reclamando al Estado la derogación de la Ley de Partidos, en lo que sólo puede ser una clara alusión a las sucesivas ilegalizaciones judiciales decretadas contra las plataformas y agrupaciones electorales manipuladas por la banda terrorista ETA, ha recibido el apoyo de Amnistía Internacional que, según la versión difundida en el periódico abertzale Gara, de 03.05.09, hará llegar estas acusaciones a toda España y trasladará una copia del manifiesto a su sede central, en Londres.
Me gustaría, a la luz de lo anterior, hacerle llegar unos cuantos datos -que no opiniones o manipulaciones- sobre la labor desarrollada por nuestros compañeros de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales y Locales de este mismo órgano a los que, ya se lo adelanto, trasladamos nuestro más enérgico apoyo y respaldo en una labor delicada, ardua y vital para cualquier Estado de Derecho, como es la lucha antiterrorista.
Así, el 27.10.08 fue desmantelado en Navarra el denominado comando “Hego Haizea” de la banda terrorista ETA. Las detenciones practicadas por el Cuerpo Nacional de Policía fueron respaldadas por un auto de ingreso en prisión incondicional, emitido por el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional el 05.11.08 y que ratificaba otro del mismo tenor emitido por el nº1 del mismo órgano. Me gustaría recordarle, puesto que el manifiesto que suscribe Amnistía Internacional afirma, en un burdo intento de ridiculización, que la Policía sólo obtuvo “pegatinas, carteles, ropa, huchas, dinero”, que en los registros practicados por orden y con presencia judicial fueron intervenidos dos revólveres, abundante munición, tres fiambreras preparadas para ser empleadas como bombas-lapa y que tenían anagramas de la banda terrorista ETA, así como garrafas con sustancias como nitrato amónico y aluminio, empleadas para la fabricación artesanal de explosivos. Súmese a ello el hecho de que los detenidos en esta brillante operación reconocieron haber elaborado informaciones sobre políticos, policías y empresarios, teniendo previsto la posible comisión de atentados terroristas.
En relación con otras operaciones del Cuerpo Nacional de Policía en Navarra, me gustaría recordarle que el 30.09.08 nuestros compañeros destinados en aquella Comunidad detuvieron a otras cuatro personas que, mediante auto de 04.10.08 del Juzgado Central de Instrucción nº3, ingresaron en prisión incondicional. Esta investigación permitió esclarecer la comisión de hasta 13 ataques terroristas contra diversas entidades bancarias, una dotación de la Policía Foral de Navarra, una sucursal de Correos y un medio de comunicación. Manteniendo el debido secreto profesional, le añadiré que los policías acumularon pacientemente, y con estricto respeto a la legalidad, decenas de indicios contra estos detenidos que, en alguno de los casos, fueron de una contundencia extrema.
Nuevamente el 04.10.08, nuestros compañeros detuvieron en Navarra a cuatro jóvenes más que, por auto del Juzgado Central de Instrucción nº3 de 09.10.08, ingresaron en prisión por su presunta pertenencia a la organización SEGI, declarada ilegal por el Tribunal Supremo al considerar acreditado su control por la banda terrorista ETA. Al mismo tiempo, se les imputó desde el punto de vista policial en la comisión de hasta cinco ataques terroristas contra entidades bancarias, partidos políticos, medios de comunicación y dotaciones policiales.
Finalmente, el 10.11.08 fueron arrestados en Navarra otras tres personas para las que, el 14.11.08, la Audiencia Nacional decretaba su ingreso preventivo en prisión por un delito de integración en la organización terrorista SEGI.
Sobre el hallazgo de pegatinas, camisetas, calendarios u octavillas, a las que alude el comunicado impulsado por las organizaciones de la izquierda abertzale, alguna de ellas claramente integrada en la dinámica de los colectivos afines a ETA, me gustaría indicarle que en las operaciones citadas han sido intervenidos más de un centenar de elementos de esta clase, aunque con una particularidad: formar parte del material propagandístico y de exaltación de la violencia elaborado por SEGI, Gestoras Pro Amnistía y la propia ETA. Todas ellas declaradas organizaciones terroristas por nuestro sistema judicial.
Por ello, y como quiera que en el escrito al que se suma la sección española de Amnistía Internacional se defiende un ataque a la Policía, como institución, que entra de lleno en el tipo penal de la calumnia, al afirmar que nuestro Cuerpo “construye imputaciones a golpe de tortura”, me gustaría hacerle partícipe de varias reflexiones:
El Cuerpo Nacional de Policía, como institución del Estado, tiene asignada una de las funciones más importantes de nuestra democracia: la defensa y salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales. Es decir, el que nuestra sociedad viva libre, ajena a cualquier amenaza totalitarista, irracional y asesina, como la que ejercen los terroristas y los que les comprenden, amparan o relativizan sus acciones.
Todas las operaciones antiterroristas desarrolladas en Navarra por el Cuerpo Nacional de Policía cuentan con la tutela y el aval independiente del Ministerio Fiscal y un juez instructor, durante la investigación y su fase final de detenciones y registros. De igual forma, en todas estas investigaciones se ha emitido un auto de ingreso en prisión incondicional para todos los detenidos. Y repito, para todos.
Podría extenderme hasta el infinito a la hora de enumerar los manuales intervenidos a comandos de ETA y estructuras que ejecutan el terrorismo callejero en los que se anima a denunciar toda una serie de supuestas torturas, protagonizadas por las FSE, con el objetivo de desprestigiar nuestro trabajo. Sólo apuntarle, por remitirme al mismo caso de Navarra, que la Guardia Civil, durante una operación desarrollada en agosto de 2008 en aquella Comunidad que supuso el esclarecimiento de la autoría de varias acciones de terrorismo callejero y el desmantelamiento de EKIN, correa de transmisión entre ETA y sus organizaciones satélites, intervino un manual denominado “Qué hacer ante una detención”. Este panfleto recoge toda una serie de recomendaciones a los terroristas para denunciar, de forma sistemática, la existencia de torturas por parte de las FSE.
Como ya le hemos indicado recientemente desde la Confederación Española de Policía (CEP), aunque en relación con la elaboración de un anuario sobre esta misma materia -la supuesta conculcación de derechos por parte de la Policía, aunque en el ámbito de toda España-, el respaldo, apoyo y difusión de denuncias sobre las que no existe mayor respaldo probatorio que un testimonio de una sola de las partes o, en otros casos, una mera referencia a una noticia de un medio de comunicación social, desconociendo si posteriormente estos hechos han derivado en una condena judicial de los policías, nos parece, cuando menos, irresponsable y temerario. La denuncia por la denuncia, cuando se trata de hechos de tanta gravedad y sin condenas judiciales de por medio, es espuria.
Me parece conveniente recordar que la Policía en España no tortura. Que las torturas, de haberlas en algún caso, las cometen las personas. Que el Estado de Derecho y nuestro Cuerpo nunca ha amparado estos comportamientos.
Sí torturan y asesinan, en cambio, quienes han acabado con la vida de más de 140 policías nacionales en País Vasco, Navarra o en el resto de España. Quienes han asesinado a cerca de un millar de personas durante décadas. Quienes han cometido cientos de ataques terroristas callejeros que han alterado la paz y las propiedades de miles de ciudadanos. Quienes han amenazado y coaccionado a todo aquel que no piense como ellos. Quienes desean, con sus denuncias genéricas y falsas, dinamitar los principios de nuestra democracia.
Por todo ello, señor Beltrán, me gustaría llamar su atención sobre la necesidad de poner en marcha un ejercicio de autocrítica. El respaldo y la difusión de una falsedad, por muchos altavoces que se le pongan, no la convierte en una realidad. Desde la CEP respetamos y apreciamos el trabajo desarrollado por Amnistía Internacional en muchos escenarios complejos. Pero le reclamamos, máxime cuando nos encontramos ante la imputación de hechos delictivos sin prueba alguna, un apego estricto a la objetividad y la seriedad que se espera de quien lanza acusaciones de tan grueso calibre.
Me gustaría finalizar reiterando nuestro apoyo inquebrantable al trabajo callado, sacrificado y eficaz de los expertos en la lucha antiterrorista del Cuerpo Nacional de Policía. Merecen el respeto de quien asume, en primera persona y sin más protección que su cariño hacia nuestros principios constitucionales, la defensa de todos nosotros y de nuestra democracia.
Durante el segundo semestre de 2008, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollamos varias operaciones antiterroristas en la Comunidad Foral de Navarra, todas ellas tuteladas por jueces de la Audiencia Nacional y por los fiscales adscritos a este mismo órgano, en las que resultaron detenidas varias personas a las que se imputan hechos incardinables en la sección del Código Penal que recoge los delitos de terrorismo.
Las familias, allegados y organizaciones sociales que funcionan bajo el paragüas de lo que comúnmente denominados izquierda abertzale iniciaron, desde que se materializaran aquellas detenciones, una intensa campaña que, con el nombre de “No a la tortura, no a las ilegalizaciones, sí al posible desarrollo de todos los proyectos”, cuenta con un manifiesto en el que se afirma, entre otras graves acusaciones carentes de respaldo probatorio alguno, que “la realidad de la eficacia policial es otra”, ya que nuestro Cuerpo, según el citado documento, “construye imputaciones a golpe de tortura, obligando a los y las detenidos a autoinculparse”.
Este documento, que termina reclamando al Estado la derogación de la Ley de Partidos, en lo que sólo puede ser una clara alusión a las sucesivas ilegalizaciones judiciales decretadas contra las plataformas y agrupaciones electorales manipuladas por la banda terrorista ETA, ha recibido el apoyo de Amnistía Internacional que, según la versión difundida en el periódico abertzale Gara, de 03.05.09, hará llegar estas acusaciones a toda España y trasladará una copia del manifiesto a su sede central, en Londres.
Me gustaría, a la luz de lo anterior, hacerle llegar unos cuantos datos -que no opiniones o manipulaciones- sobre la labor desarrollada por nuestros compañeros de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales y Locales de este mismo órgano a los que, ya se lo adelanto, trasladamos nuestro más enérgico apoyo y respaldo en una labor delicada, ardua y vital para cualquier Estado de Derecho, como es la lucha antiterrorista.
Así, el 27.10.08 fue desmantelado en Navarra el denominado comando “Hego Haizea” de la banda terrorista ETA. Las detenciones practicadas por el Cuerpo Nacional de Policía fueron respaldadas por un auto de ingreso en prisión incondicional, emitido por el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional el 05.11.08 y que ratificaba otro del mismo tenor emitido por el nº1 del mismo órgano. Me gustaría recordarle, puesto que el manifiesto que suscribe Amnistía Internacional afirma, en un burdo intento de ridiculización, que la Policía sólo obtuvo “pegatinas, carteles, ropa, huchas, dinero”, que en los registros practicados por orden y con presencia judicial fueron intervenidos dos revólveres, abundante munición, tres fiambreras preparadas para ser empleadas como bombas-lapa y que tenían anagramas de la banda terrorista ETA, así como garrafas con sustancias como nitrato amónico y aluminio, empleadas para la fabricación artesanal de explosivos. Súmese a ello el hecho de que los detenidos en esta brillante operación reconocieron haber elaborado informaciones sobre políticos, policías y empresarios, teniendo previsto la posible comisión de atentados terroristas.
En relación con otras operaciones del Cuerpo Nacional de Policía en Navarra, me gustaría recordarle que el 30.09.08 nuestros compañeros destinados en aquella Comunidad detuvieron a otras cuatro personas que, mediante auto de 04.10.08 del Juzgado Central de Instrucción nº3, ingresaron en prisión incondicional. Esta investigación permitió esclarecer la comisión de hasta 13 ataques terroristas contra diversas entidades bancarias, una dotación de la Policía Foral de Navarra, una sucursal de Correos y un medio de comunicación. Manteniendo el debido secreto profesional, le añadiré que los policías acumularon pacientemente, y con estricto respeto a la legalidad, decenas de indicios contra estos detenidos que, en alguno de los casos, fueron de una contundencia extrema.
Nuevamente el 04.10.08, nuestros compañeros detuvieron en Navarra a cuatro jóvenes más que, por auto del Juzgado Central de Instrucción nº3 de 09.10.08, ingresaron en prisión por su presunta pertenencia a la organización SEGI, declarada ilegal por el Tribunal Supremo al considerar acreditado su control por la banda terrorista ETA. Al mismo tiempo, se les imputó desde el punto de vista policial en la comisión de hasta cinco ataques terroristas contra entidades bancarias, partidos políticos, medios de comunicación y dotaciones policiales.
Finalmente, el 10.11.08 fueron arrestados en Navarra otras tres personas para las que, el 14.11.08, la Audiencia Nacional decretaba su ingreso preventivo en prisión por un delito de integración en la organización terrorista SEGI.
Sobre el hallazgo de pegatinas, camisetas, calendarios u octavillas, a las que alude el comunicado impulsado por las organizaciones de la izquierda abertzale, alguna de ellas claramente integrada en la dinámica de los colectivos afines a ETA, me gustaría indicarle que en las operaciones citadas han sido intervenidos más de un centenar de elementos de esta clase, aunque con una particularidad: formar parte del material propagandístico y de exaltación de la violencia elaborado por SEGI, Gestoras Pro Amnistía y la propia ETA. Todas ellas declaradas organizaciones terroristas por nuestro sistema judicial.
Por ello, y como quiera que en el escrito al que se suma la sección española de Amnistía Internacional se defiende un ataque a la Policía, como institución, que entra de lleno en el tipo penal de la calumnia, al afirmar que nuestro Cuerpo “construye imputaciones a golpe de tortura”, me gustaría hacerle partícipe de varias reflexiones:
El Cuerpo Nacional de Policía, como institución del Estado, tiene asignada una de las funciones más importantes de nuestra democracia: la defensa y salvaguarda de las libertades y derechos fundamentales. Es decir, el que nuestra sociedad viva libre, ajena a cualquier amenaza totalitarista, irracional y asesina, como la que ejercen los terroristas y los que les comprenden, amparan o relativizan sus acciones.
Todas las operaciones antiterroristas desarrolladas en Navarra por el Cuerpo Nacional de Policía cuentan con la tutela y el aval independiente del Ministerio Fiscal y un juez instructor, durante la investigación y su fase final de detenciones y registros. De igual forma, en todas estas investigaciones se ha emitido un auto de ingreso en prisión incondicional para todos los detenidos. Y repito, para todos.
Podría extenderme hasta el infinito a la hora de enumerar los manuales intervenidos a comandos de ETA y estructuras que ejecutan el terrorismo callejero en los que se anima a denunciar toda una serie de supuestas torturas, protagonizadas por las FSE, con el objetivo de desprestigiar nuestro trabajo. Sólo apuntarle, por remitirme al mismo caso de Navarra, que la Guardia Civil, durante una operación desarrollada en agosto de 2008 en aquella Comunidad que supuso el esclarecimiento de la autoría de varias acciones de terrorismo callejero y el desmantelamiento de EKIN, correa de transmisión entre ETA y sus organizaciones satélites, intervino un manual denominado “Qué hacer ante una detención”. Este panfleto recoge toda una serie de recomendaciones a los terroristas para denunciar, de forma sistemática, la existencia de torturas por parte de las FSE.
Como ya le hemos indicado recientemente desde la Confederación Española de Policía (CEP), aunque en relación con la elaboración de un anuario sobre esta misma materia -la supuesta conculcación de derechos por parte de la Policía, aunque en el ámbito de toda España-, el respaldo, apoyo y difusión de denuncias sobre las que no existe mayor respaldo probatorio que un testimonio de una sola de las partes o, en otros casos, una mera referencia a una noticia de un medio de comunicación social, desconociendo si posteriormente estos hechos han derivado en una condena judicial de los policías, nos parece, cuando menos, irresponsable y temerario. La denuncia por la denuncia, cuando se trata de hechos de tanta gravedad y sin condenas judiciales de por medio, es espuria.
Me parece conveniente recordar que la Policía en España no tortura. Que las torturas, de haberlas en algún caso, las cometen las personas. Que el Estado de Derecho y nuestro Cuerpo nunca ha amparado estos comportamientos.
Sí torturan y asesinan, en cambio, quienes han acabado con la vida de más de 140 policías nacionales en País Vasco, Navarra o en el resto de España. Quienes han asesinado a cerca de un millar de personas durante décadas. Quienes han cometido cientos de ataques terroristas callejeros que han alterado la paz y las propiedades de miles de ciudadanos. Quienes han amenazado y coaccionado a todo aquel que no piense como ellos. Quienes desean, con sus denuncias genéricas y falsas, dinamitar los principios de nuestra democracia.
Por todo ello, señor Beltrán, me gustaría llamar su atención sobre la necesidad de poner en marcha un ejercicio de autocrítica. El respaldo y la difusión de una falsedad, por muchos altavoces que se le pongan, no la convierte en una realidad. Desde la CEP respetamos y apreciamos el trabajo desarrollado por Amnistía Internacional en muchos escenarios complejos. Pero le reclamamos, máxime cuando nos encontramos ante la imputación de hechos delictivos sin prueba alguna, un apego estricto a la objetividad y la seriedad que se espera de quien lanza acusaciones de tan grueso calibre.
Me gustaría finalizar reiterando nuestro apoyo inquebrantable al trabajo callado, sacrificado y eficaz de los expertos en la lucha antiterrorista del Cuerpo Nacional de Policía. Merecen el respeto de quien asume, en primera persona y sin más protección que su cariño hacia nuestros principios constitucionales, la defensa de todos nosotros y de nuestra democracia.
Madrid, 4 de mayo de 2009
Fdo.: Ignacio López García de la Torre
Secretario General de la CEP
Me sumo a lo que en la carta se dice y pide completamente.
ResponderEliminarEspero que sea un error de Amnistía Internacional, el no haber estudiado como se merece el tema y que rectifique, porque evidentemente ha metido la pata, hasta el fondo.
Anímo y cuidaros.